Titular e introducción
En Colorado acaba de ocurrir algo que va mucho más allá de una discusión local: un intento, respaldado por grandes fabricantes tecnológicos, de vaciar desde dentro una ley de derecho a reparar fue frenado en el último minuto. El episodio importa no solo para Estados Unidos, sino también para Europa y América Latina, donde se preparan normativas similares. El caso revela la nueva estrategia de la industria: aceptar el derecho a reparar en teoría, pero llenarlo de excepciones en nombre de la “infraestructura crítica” y la ciberseguridad. Veamos qué ha pasado, por qué debería importarle a cualquier persona con un teléfono o router, y qué viene ahora.
La noticia en breve
Según informó Wired (y recogió después Ars Technica), un proyecto de ley en Colorado, identificado como SB26‑090, ha sido archivado tras una votación en comisión de la Cámara de Representantes del estado. La propuesta buscaba modificar la ley de 2024 llamada Consumer Right to Repair Digital Electronic Equipment, en vigor desde enero de 2026.
Esa ley obliga a los fabricantes de electrónica digital —móviles, ordenadores, routers Wi‑Fi— a poner a disposición de propietarios y talleres independientes las piezas, herramientas y documentación necesarias para reparar los dispositivos.
SB26‑090 pretendía crear una excepción para la llamada “infraestructura crítica”, un concepto definido de manera tan amplia que organizaciones de reparación temían que gran parte del hardware de redes y equipos profesionales quedara fuera de la ley.
El proyecto fue presentado a principios de abril de 2026 con fuerte apoyo de lobbies de empresas como Cisco e IBM. Superó sin problemas una audiencia en el Senado estatal y fue aprobado por esa cámara. Pero tras una extensa sesión en el Comité de Asuntos Estatales, Cívicos, Militares y de Veteranos de la Cámara de Representantes —con testimonios de asociaciones de consumidores, activistas del derecho a reparar, recicladores y expertos en ciberseguridad—, el comité votó 7 a 4 para posponer el texto indefinidamente, lo que en la práctica lo mata.
Por qué importa
Colorado nos muestra con bastante claridad cómo ha evolucionado la ofensiva contra el derecho a reparar. La fase de “no a todo” ha quedado atrás. Ahora la estrategia es otra: dejar intacto el principio general pero ir abriendo agujeros por sectores, empezando por la infraestructura de red y los sistemas empresariales, donde se concentra mucho dinero.
La excusa elegida es especialmente peligrosa: la ciberseguridad. El argumento de los fabricantes es sencillo y atractivo para cualquier político no técnico: si entregamos herramientas y documentación de reparación, los atacantes lo tendrán más fácil para entender y vulnerar sistemas críticos. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, como recordaron varios especialistas en seguridad durante la audiencia, la inmensa mayoría de ataques reales no se apoyan en piezas de repuesto ni manuales físicos, sino en vulnerabilidades de software, malas configuraciones y robo de credenciales.
Si SB26‑090 se hubiera aprobado, habría creado un precedente perfecto para replicar en otros estados. Cualquier proveedor podría declarar su hardware “crítico” y, por tanto, excluido de gran parte de las obligaciones de transparencia. El derecho a reparar seguiría existiendo… para lo menos rentable.
¿Quién gana y quién pierde con el desenlace actual?
- Ganadores (de momento): usuarios finales, pequeños talleres y empresas de reacondicionamiento que viven de alargar la vida de los dispositivos.
- Aspirantes a ganadores: grandes fabricantes que buscan proteger su negocio de contratos de mantenimiento cerrados y ciclos rápidos de renovación de equipos.
- Perdedores: los lobbies que confiaban en que invocar la palabra “seguridad” bastaría para convencer a los legisladores sin demasiado escrutinio técnico.
La lección inmediata es clara: a partir de ahora, cualquier campaña por el derecho a reparar debe anticipar intentos de introducir excepciones amplias al final del proceso legislativo.
El panorama general
Lo ocurrido en Colorado se conecta con varias tendencias globales.
1. El derecho a reparar ha dejado de ser cosa de frikis.
En pocos años ha pasado de ser una causa de makers y ecologistas a un tema con peso en parlamentos nacionales, el Congreso de EE. UU. y el Parlamento Europeo. Agricultores hartos de no poder reparar sus tractores, municipios agobiados por los residuos electrónicos y consumidores que no pueden cambiar una batería han empujado este cambio. Colorado se suma a leyes estatales como la de Nueva York y a iniciativas europeas como la directiva de derecho a reparar.
2. La industria ha pasado del “no” absoluto a la contención inteligente.
Las grandes tecnológicas han entendido que oponerse frontalmente al derecho a reparar es mala imagen y batalla perdida. Vemos programas de “autorreparación” muy acotados, promesas de más años de repuestos en electrodomésticos, etc. El siguiente paso es definir estratégicamente qué categorías quedan dentro o fuera del alcance de las leyes. Lo caro y complejo —routers empresariales, equipos de telecomunicaciones, hardware industrial— se intenta blindar con el paraguas de la seguridad.
3. La seguridad es el nuevo comodín argumental.
Ya lo vimos con el cifrado (la presión para introducir “puertas traseras legales”) y con la moderación de contenidos (exigir escaneos masivos en nombre de la protección de menores). Ahora el mismo discurso se traslada al hardware y la reparación. Técnicamente, los matices importan mucho; políticamente, el debate se reduce a “si no apoyas esto, estás contra la seguridad”.
La historia sugiere que cuando la industria se pasa de frenada, la respuesta suele ser más regulación, no menos. Los intentos de los fabricantes de coches por controlar totalmente las herramientas de diagnóstico generaron leyes específicas de reparación automotriz en EE. UU. Los abusos con cartuchos de tinta bloqueados por software provocaron demandas y campañas públicas. Si las tecnológicas fuerzan demasiado la carta de la infraestructura crítica, pueden acabar impulsando normas más duras y detalladas.
Colorado, en definitiva, marca la entrada en una segunda fase: el debate ya no es si debe existir derecho a reparar, sino qué zonas puede excluir legítimamente la industria.
La perspectiva europea y latinoamericana
A primera vista, una pelea en un parlamento estatal de EE. UU. puede parecer lejana a Europa o América Latina. Pero los mismos actores y narrativas ya están presentes en Bruselas, Madrid, Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires.
La Unión Europea va algo por delante en el plano normativo: reglas de ecodiseño, el índice de reparabilidad en Francia y la directiva de derecho a reparar respaldada por el Parlamento Europeo en 2024. En paralelo, se están aprobando leyes como la NIS2 (seguridad de redes e información), el Reglamento de Resiliencia Cibernética, la DSA y, por supuesto, el RGPD. Todo ello refuerza la importancia de la seguridad, la integridad y la protección de datos.
Ese contexto crea terreno fértil para que fabricantes pidan excepciones amplias para “equipos sensibles”: routers, firewalls, sistemas industriales, hardware de centros de datos. El riesgo para Europa es terminar con un derecho a reparar robusto sobre el papel pero muy recortado en los segmentos donde se decide gran parte del ciclo de vida digital.
En España y en muchos países latinoamericanos la situación tiene un matiz adicional: mercados con renta media más baja y electrónica importada cara. Allí el ecosistema de reparación informal —pequeños talleres de barrio que arreglan móviles, portátiles o televisores— es fundamental para la inclusión digital. Si los fabricantes logran blindar legalmente buena parte de sus productos con el argumento de la infraestructura crítica, estos talleres seguirán dependiendo de piezas de dudosa procedencia, esquemas no oficiales y un alto grado de inseguridad jurídica.
Para Europa y el mundo hispanohablante, la lección de Colorado es doble: definir excepciones de forma muy estricta y garantizar que en el diseño de las leyes participen técnicos en seguridad independientes, organizaciones de consumidores y representantes de los talleres de reparación, no solo las grandes multinacionales.
Mirando hacia adelante
La derrota del proyecto en Colorado no será el final del asunto. Es más probable que la industria lo interprete como un test valioso: ahora sabe qué argumentos calan y cuáles hacen agua.
¿Qué cabe esperar en los próximos años?
Copias del modelo en otros estados y regiones. Una vez que existe un texto legal que casi funciona, resulta barato adaptarlo y volver a intentarlo en otros parlamentos estatales o incluso en debates nacionales.
Narrativas de seguridad mejor armadas. En Colorado algunos ejemplos utilizados rozaban lo caricaturesco. La próxima vez veremos informes técnicos, estudios de consultoras y escenarios detallados de ciberataques basados en herramientas de reparación. Para un diputado sin background técnico será difícil distinguir ciencia de marketing.
Influencia temprana sobre reglamentos y estándares. En la UE, gran parte de los detalles se decidirá en actos delegados, normas técnicas y procesos de estandarización. Son espacios donde la voz de la industria pesa mucho y la prensa presta poca atención.
Para usuarios y empresas, el reto y la oportunidad es profesionalizar la respuesta. El caso de Colorado demuestra que cuando expertos en ciberseguridad, organizaciones medioambientales, recicladores y talleres hablan con una sola voz, el relato de que “reparar es peligroso” pierde fuerza.
Los próximos dos o tres años serán clave. Muchos países están implementando o redactando leyes de derecho a reparar. Las definiciones que hoy se adopten sobre qué es “crítico” o “sensible” marcarán la práctica durante una década o más.
Quedan preguntas abiertas: ¿Cómo interpretarán los tribunales el choque entre infraestructura crítica y derecho a reparar? ¿Veremos fabricantes negándose a cumplir hasta que alguien los lleve ante la justicia? ¿Habrá algún país dispuesto a prohibir explícitamente excepciones genéricas basadas en la ciberseguridad?
En resumen
Lo que ha pasado en Colorado es una victoria importante, pero también una advertencia. Demuestra que es posible desmontar el uso abusivo de la ciberseguridad como excusa para limitar el derecho a reparar, siempre que haya organización y conocimiento técnico del otro lado. Para Europa y América Latina, el mensaje es claro: si queremos un derecho a reparar real, no basta con aprobar leyes; hay que vigilar obsesivamente cómo se definen las excepciones. La pregunta es si dejaremos que la noción de “infraestructura crítica” se convierta en la coartada perfecta para seguir vendiéndonos dispositivos sellados y desechables.
