- TITULAR E INTRODUCCIÓN
La demanda de DJI contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos no es solo otro capítulo en la guerra tecnológica con China. Es un caso de prueba sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos al invocar la “seguridad nacional” para rediseñar mercados enteros de hardware. Si el mayor fabricante de drones de consumo del mundo puede quedar prácticamente fuera del mercado estadounidense por decisión de un regulador de telecomunicaciones, cualquier dispositivo conectado está potencialmente en la mira. En este artículo analizamos qué ha pasado, quién gana y quién pierde, y qué significa todo esto para Europa y para el mundo hispanohablante.
- LA NOTICIA, EN BREVE
Según informa Ars Technica, DJI ha presentado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en EE. UU. para que se anule la decisión de la FCC de incluir a la compañía en su “Covered List”. Ese listado agrupa equipos y servicios de comunicaciones considerados un riesgo inadmisible para la seguridad nacional. La inclusión de DJI activó un veto de importación a los nuevos drones fabricados en el extranjero, en vigor desde el 23 de diciembre de 2025, que en la práctica golpea sobre todo a la empresa china.
DJI sostiene que la FCC se ha excedido en sus competencias legales, ha ignorado procedimientos obligatorios y ha vulnerado garantías constitucionales al añadir sus productos al listado. La compañía afirma que solicitó en varias ocasiones que el Gobierno estadounidense auditara sus equipos, sin recibir la oportunidad real de responder a preocupaciones concretas.
De acuerdo con Ars Technica, la FCC concedió exenciones temporales para un número limitado de drones de origen europeo y para ciertos componentes críticos de fabricantes japoneses y surcoreanos como Sony, Panasonic y Samsung, pero dejó fuera cualquier dron o pieza fabricados en China. En paralelo, DJI recurre otra decisión del Departamento de Defensa que la señala como empresa vinculada al ejército chino.
- POR QUÉ IMPORTA
Este caso trasciende con mucho a una marca concreta. DJI domina con claridad el mercado global de drones de consumo y tiene una presencia muy fuerte en usos profesionales: cine, topografía, construcción, agricultura de precisión, seguridad pública. Bloquear sus lanzamientos más recientes en Estados Unidos reconfigura de golpe el mapa competitivo: los fabricantes locales ganan tiempo y espacio, mientras miles de negocios se quedan sin acceso a la herramienta que mejor conocen.
Los beneficiados inmediatos son los proveedores estadounidenses y de otros países aliados que pueden presentarse como “alternativa segura” a China. Para ellos, el veto funciona como un arancel invisible: reduce la presión competitiva de DJI, facilita ganar contratos con administraciones públicas y permite justificar precios más altos con el argumento de la soberanía tecnológica.
Entre los perjudicados están DJI y su canal de distribución, pero también todo un ecosistema de usuarios: fotógrafos, ingenieros, empresas de energía, cuerpos de emergencia y agricultores que han invertido en flotas y flujos de trabajo basados en DJI. Los modelos actuales seguirán volando, sí, pero el ciclo de innovación se frena y la disponibilidad de repuestos y servicios se vuelve incierta. El supuesto lanzamiento del Avata 360 en marzo, si se confirma, podría ser anecdótico para el mercado estadounidense.
En segundo plano se juega algo más sutil: la ampliación del concepto de “equipo de comunicaciones” que maneja la FCC. La Covered List nació pensando en routers, antenas y hardware de red. Que ahora se aplique a robots complejos como los drones crea un precedente que mañana puede alcanzar vehículos conectados, robots industriales o dispositivos médicos. Cualquier aparato con sensores, radio y conexión a la nube entra en la ecuación.
- EL CONTEXTO AMPLIO
DJI sigue una senda ya recorrida por otros gigantes chinos como Huawei, ZTE o, en otro plano, TikTok. En todos los casos, el patrón se repite: empresa china con cuota dominante; avisos de agencias de seguridad sobre posibles riesgos de espionaje o influencia; presión política; y, por último, uso creativo del marco legal para poner barreras de entrada al mercado estadounidense.
La novedad ahora es el tipo de riesgo que se invoca. Con Huawei se hablaba de la integridad de las redes 5G. Con TikTok, de algoritmos y datos personales. Con los drones de DJI, la preocupación gira en torno al acceso físico a infraestructuras críticas y al valor estratégico de las imágenes y datos de vuelo. El perímetro de lo que se considera “infraestructura crítica” se expande con cada nuevo caso.
Además, confluyen varias instituciones. El Departamento de Defensa ya incluyó a DJI en una lista de compañías que, a su juicio, mantienen lazos con las fuerzas armadas chinas, y un tribunal federal consideró suficiente la valoración del Pentágono. La FCC se apoya en ese clima de sospecha para legitimar sus propias restricciones, sin tener que demostrar públicamente fallos técnicos específicos en los productos de DJI.
Esto encaja en una tendencia mayor: el origen geopolítico pesa más que la evidencia técnica. Para cualquier proveedor chino en sectores sensibles —drones, cámaras de seguridad, equipamiento de redes— la mera procedencia se convierte en factor de riesgo. Y, de paso, en herramienta de política industrial para favorecer a alternativas nacionales o aliadas.
Para la industria, el resultado es una fragmentación creciente. Fabricantes estadounidenses intentan escalar desde nichos industriales al mercado masivo. En Europa surgen empresas especializadas en aplicaciones profesionales y militares. En países latinoamericanos, donde DJI ha sido durante años la opción de referencia por su relación calidad‑precio, el veto estadounidense puede empujar a distribuidores hacia marcas emergentes chinas o locales, sin un marco claro de seguridad.
- LA MIRADA EUROPEA Y HISPANA
En Europa, el caso aviva un debate ya abierto: ¿cómo equilibrar seguridad, autonomía tecnológica y competencia real en mercados dominados por actores externos? La Unión Europea no ha impuesto, de momento, una prohibición general a DJI. Drones de la marca se utilizan de forma intensiva en protección civil, medios de comunicación, construcción y agricultura en España, Alemania, Francia o Italia.
La UE dispone de un armazón regulatorio potente —GDPR para datos personales, la Directiva NIS2 para ciberseguridad, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y la futura Ley de IA—, pero ninguna de estas normas señala a fabricantes concretos. Un enfoque europeo coherente pasaría más por exigir auditorías de seguridad, localización o seudonimización de datos sensibles y certificaciones técnicas, que por copiar el modelo estadounidense de listas negras por país de origen.
Para España y América Latina la dimensión económica es clave. Muchos estudios audiovisuales, firmas de topografía, cooperativas agrarias y pymes tecnológicas dependen de DJI porque combina calidad, ecosistema de accesorios y precios asumibles. Sustituir de golpe esa base instalada por alternativas occidentales más caras o menos maduras no es trivial.
Al mismo tiempo, el vacío que puede dejar DJI en el mercado institucional estadounidense abre oportunidades para proyectos europeos y latinoamericanos de drones profesionales, software de gestión de flotas o servicios de inspección. Startups en Barcelona, Madrid, Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires pueden encontrar más espacio para integrarse en cadenas de valor globales, siempre que las regulaciones no se conviertan en una barrera insalvable.
- QUÉ PODEMOS ESPERAR
El litigio en el Noveno Circuito llevará tiempo. Es poco probable que el veto de importación se suspenda a corto plazo: los tribunales estadounidenses suelen ser muy prudentes cuando las agencias invocan la seguridad nacional. Un escenario más realista es que el tribunal obligue a la FCC a afinar su marco jurídico: criterios más claros para entrar en la lista, procesos de revisión periódica, mayor transparencia.
De cara a los próximos 12–24 meses, conviene vigilar varios frentes. Primero, hasta qué punto Estados Unidos intenta exportar su enfoque a aliados de la OTAN y la UE, presionando para que se cuestionen los contratos públicos con DJI. Segundo, cómo reacciona la propia DJI: ¿apostará por procesar más datos en el propio dron, ofrecer centros de datos segregados por región o abrir sus sistemas a auditorías independientes? Tercero, si los competidores occidentales son capaces de cubrir la demanda sin disparar los costes.
En el ámbito hispanohablante hay oportunidades claras: desarrollar soluciones de software, análisis de datos, mantenimiento y formación que sean independientes del fabricante del dron. Aun si DJI sigue siendo dominante en hardware, el valor añadido puede desplazarse hacia las capas de servicio, donde Europa y América Latina tienen más margen para competir.
El riesgo, en cambio, es terminar con un cielo fragmentado en bloques: espacio aéreo con fuertes restricciones a productos chinos en EE. UU. y parte de Europa, mercados menos regulados en otras regiones, estándares incompatibles y barreras de entrada para pequeñas empresas.
- CONCLUSIÓN
La batalla legal entre DJI y la FCC no decidirá solo qué dron puede comprar un aficionado en Estados Unidos, sino quién define las reglas del juego en la era de los dispositivos conectados. Washington está utilizando la seguridad nacional también como instrumento de política industrial en el sector de los drones. Europa y el mundo hispanohablante deben decidir si replican esa lógica o apuestan por un modelo basado en evidencias técnicas y estándares abiertos. La próxima vez que vea un dron sobrevolando su ciudad o su finca, la pregunta será inevitable: ¿confía más en el país que lo fabrica o en las reglas que lo supervisan?
